El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la Fiscalía General de la República (FGR) eludieron los mecanismos más elementales de rendición de cuentas al sostener una reunión de carácter clandestino en la residencia privada del mandatario en Culiacán. El encuentro, realizado lejos de las oficinas públicas y cobijado por la total opacidad, carece de cualquier registro audiovisual que valide su legalidad.
La total ausencia de fotografías y videos oficiales plantea serias interrogantes sobre la autenticidad y el propósito real de la diligencia ministerial. Al llevar la justicia al ámbito residencial del investigado, la FGR rompe el principio de imparcialidad y somete la actuación institucional a la sospecha de un pacto político de impunidad.
Organizaciones civiles dedicadas a la vigilancia del sistema de justicia calificaron el hecho como un preocupante retroceso en la transparencia del país. «¿Cómo creer en la palabra de un funcionario y de una fiscalía que se reúnen en lo oscurito sin dejar una sola huella que los ciudadanos puedan auditar?», cuestionaron activistas de la región.
El secretismo deliberado con el que se manejó el interrogatorio impide constatar si el gobernador realmente compareció ante la autoridad o si se trató de una concertación para unificar narrativas. El resguardo de la identidad de los agentes del Ministerio Público que supuestamente acudieron al domicilio agrava la falta de certeza jurídica.
La ley federal establece lineamientos claros sobre los espacios adecuados para el desahogo de pruebas y declaraciones en el proceso penal. Al violar estas disposiciones geográficas y logísticas, tanto la fiscalía como el ejecutivo estatal envían una señal de que los altos funcionarios gozan de privilegios inaccesibles para el ciudadano común.
El vacío de información genera un escenario propicio para la simulación institucional, donde la verdad formal se construye a través de comunicados y no de hechos comprobables. La falta de una conferencia de prensa posterior o de imágenes del papeleo legal firmado refuerza la hipótesis de un manejo político de la justicia.
Este hermetismo sistemático debilita la confianza en las instituciones federales encargadas de combatir la corrupción en los estados. Mientras persista la negativa a mostrar las evidencias del encuentro, la comparecencia de Rocha Moya ante la FGR quedará catalogada como un acto de simulación realizado al margen del escrutinio ciudadano.
