Una operación interinstitucional a gran escala se activó en la región montañosa de Chihuahua tras la localización de un laboratorio de drogas sintéticas en la Sierra del Pinal. El aseguramiento requirió el despliegue coordinado de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y corporaciones estatales.
El primer eslabón de esta cadena de acciones correspondió a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, cuyos elementos realizaron el hallazgo preliminar del sitio en el municipio de Morelos. Ante la magnitud de los químicos encontrados, la corporación estatal dio parte de inmediato a las autoridades federales, cediendo la jurisdicción por tratarse de delitos del fuero federal.
Con el reporte en mano, la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR despachó al Ministerio Público Federal para tomar la dirección legal del caso. De manera simultánea, tropas del Ejército Mexicano y efectivos de la Guardia Nacional establecieron un anillo de seguridad perimetral para resguardar el predio y garantizar la integridad del personal ministerial.
El procesamiento de la escena quedó a cargo de los expertos del Centro Federal Pericial Forense y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Estos equipos multidisciplinarios, integrados por especialistas en química forense y criminalística de campo, ejecutaron el inventario detallado que arrojó el saldo de 50 toneladas de sólidos y 55 mil litros de líquidos asegurados.
La colaboración institucional se extiende también a la logística de contención. La presencia de la Policía Federal Ministerial resultó crucial para asegurar los dos mil litros de metanfetamina y el equipo industrial —incluyendo reactores y centrifugadoras— evitando que el sitio fuera recuperado por grupos armados durante las maniobras de extracción.
La comunicación oficial del gobierno federal (comunicado FGR 241/26) enfatiza esta convergencia de fuerzas como un modelo de respuesta ante el crimen organizado. Sin embargo, el operativo conjunto enfrenta ahora el desafío judicial de integrar una carpeta de investigación robusta a pesar de la ausencia total de personas detenidas en la zona de operaciones.
Finalmente, el blindaje institucional abarcará el proceso de destrucción. La FGR coordinará con dependencias ambientales y una empresa privada especializada la neutralización de los precursores químicos. Este cierre operativo, custodiado por fuerzas castrenses, será la última fase de un despliegue que puso a prueba la capacidad de respuesta conjunta del Estado mexicano.
