Después del operativo en Jalisco y la ola de violencia que se extendió a más de 20 estados, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, puso el dedo en la llaga: el miedo no puede convertirse en costumbre y los ciudadanos no deben pagar por la incapacidad del Estado para contener al crimen.
En conferencia desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la legisladora comenzó reconociendo la templanza de las familias mexicanas que vivieron momentos de incertidumbre, así como la labor del Ejército y de las corporaciones que participaron en el operativo donde fue abatido uno de los narcotraficantes más buscados. También envió condolencias a los familiares de los militares que perdieron la vida.
Pero su mensaje no se quedó en lo protocolario. López Rabadán sostuvo que lo ocurrido evidencia la expansión territorial y la capacidad de fuego del crimen organizado, algo que —dijo— no surgió de la nada. Señaló que hubo estrategias equivocadas y tolerancia institucional que permitieron el fortalecimiento de estas estructuras.
Desde su perspectiva, la clave está en asumir que la pacificación del país debe ser una estrategia integral de Estado. No solo operativos, sino leyes sólidas, presupuesto suficiente y controles firmes desde el Congreso. En otras palabras, seguridad con diseño institucional.
Explicado en términos simples: si el marco jurídico tiene huecos, si no hay supervisión real o si los recursos no alcanzan, la política de seguridad se queda coja. Por eso insistió en que el Congreso debe fortalecer las leyes, cerrar espacios a la impunidad y ejercer con firmeza su función de rendición de cuentas.
Uno de los puntos más contundentes fue su llamado a romper cualquier vínculo indebido entre autoridades y crimen organizado. Afirmó que los gobiernos no pueden ayudar, por acción u omisión, a estructuras criminales y que las instituciones deben limpiarse cuando han sido infiltradas. La impunidad, remarcó, no puede tener apellido ni protección política.
En el fondo, el debate que abrió va más allá de un operativo específico. Se trata de recuperar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado y garantizar que la ley prevalezca en todo el territorio. Para la diputada, esa es la única ruta para que las familias vivan en libertad y no bajo amenaza constante.
El mensaje final fue claro: la paz no se decreta, se construye con corresponsabilidad y autoridad institucional. Y el Congreso, dijo, no puede ser espectador; debe ser parte activa en el rediseño de la estrategia que México necesita.
